domingo, 10 de abril de 2011

Cuando el Terrorista es el Ministerio del Interior (III Parte)



¿Quién funda y financia el terrorismo?
El ex policía José Amedo responsabilizó ayer a Felipe González de montar los GAL y, en concreto, de estar detrás de los atentados contra los bares Batzoki y Consolation. Momentos antes, el acusado de participar en esos hechos, Miguel Planchuelo, había confirmado la implicación de ese Gobierno en el secuestro de Segundo Marey.
Ante el tribunal que lo juzga en la Audiencia Nacional, Planchuelo declaró que el Gobierno socialista decidió autorizar el secuestro de Marey para canjearlo por un militar entonces en manos de ETA.
El más contundente en sus declaraciones fue Amedo, ya condenado por estos hechos. El ex policía explicó así cómo recibió la autorización para trasladar de Portugal a España a los tres sicarios portugueses que llevaron a cabo los atentados: «Me pasaron [al teléfono] a Julián Sancristóbal [ex director general de la Seguridad del Estado] y me dijo que me los trajera si estaban dispuestos a actuar en Francia, porque Felipe González creía que había que montar un operativo para presionar a Francia». «¿Se refiere usted a cometer algún atentado?», preguntó entonces la abogada de la acusación popular, Begoña Lalana. «Evidentemente. Me lo dice Sancristóbal, que había recibido instrucciones del ministro [José Barrionuevo] y de Felipe González», insistió Amedo.
Al margen de sus palabras concretas sobre Batzoki y La Consolation, el ex policía resumió así la fundación de los GAL: «Fue una decisión de Felipe González, del ministro Barrionuevo y de Sancristóbal con la anuencia de los socialistas vascos, como Ricardo García Damborenea, Txiki Benegas y Ramón Jáuregui».
Con la misma frecuencia con la que apuntaba a González y a los «responsables políticos» de los GAL, Amedo iba exculpando al único acusado en este juicio. Hasta donde él sabía, el ex jefe de la Brigada de Información de Bilbao y ex jefe de Policía del País Vasco no tuvo participación en los atentados: ni le ordenó hacer gestiones para contratar a los portugueses, ni le dio el dinero.
En la misma línea declararon todos los testigos, que exculparon claramente al único acusado cada vez que llegaba una pregunta comprometida de la acusación popular, que pide 114 años de cárcel. El grueso de la pena son las séis tentativas de asesinato, por los seis heridos en los dos bares del sur de Francia donde supuestamente se reunían etarras. Así lo hicieron Míchel Domínguez, subordinado de Amedo; Francisco Álvarez, ex jefe del mando único de la lucha antiterrorista; Julián Sancristóbal, y el ex líder de los socialistas de Vizcaya Ricardo García Damborenea.
El propio Planchuelo negó saber nada de los atentados, de los que ahora se cumplen 25 años. Sí habló de su intervención en el secuestro de Marey por el que, como buena parte de los que ayer testificaron, fue condenado. En esa parte del interrogatorio del fiscal Pedro Rubira, dijo: «El Gobierno autorizó el secuestro para canjearlo por el capitán Martín Barrios. No pudo ser». El acusado se negó a responder a la acusación popular y sólo lo hizo ante el Ministerio Público, que no le acusa.


En una línea temporal alternativa...
En lugar de a Planchuelo, a quien implicaba Amedo continuamente era a Sancristóbal. «El primero que me habló de esa decisión política fue Sancristóbal en su despacho. Que era decisión de González, porque había que presionar a Francia». Por su parte, Sancristóbal negó haber tenido reuniones privadas con Amedo.
Antes de sus palabras de ayer, Amedo había incriminado a Planchuelo en los hechos. Y por ahí fue la primera pregunta de la acusación. Su respuesta, con las manos en los bolsillos e inclinado hacia delante, fue: «Se lo voy a explicar claramente y todo lo que le diga es verdad. Cuando a Planchuelo le pone libre la Sala de lo Penal, Garzón se altera. Siempre me había dicho en privado que era la parte más débil, y este sumario lo abrió sólo como maniobra para encarcelarle y presionarle en su declaración. Yo declaré bajo amenazas y coacciones de Garzón».
Cuando la letrada le recordó que en varios escritos a la Audiencia Nacional había dicho que iba a «tirar de la manta», intervino el presidente de la Sección Tercera, Alfonso Guevara. «¡Hombre, eso no es una pregunta!». Y el magistrado aprovechó el momento para aclarar «al público» que estaba permitiendo preguntas sobre los GAL que no afectaban directamente a Planchuelo -aunque el tribunal rechazó que comparecieran Vera y Barrionuevo- porque la acusacion también le atribuye pertenencia a banda armada.


Guía Práctica del Ministerio del Interior
El presidente no terció, en cambio, cuando Amedo se despidió del micrófono con estas respuestas a la acusación popular.
- ¿Tiene usted información concreta y específica sobre algún otro atentado de los GAL que no haya facilitado hasta este momento?
- Puede ser…
- ¿Sobre cuál?
- En este momento no lo recuerdo, no venía preparado para hablar de otras historias, sólo de Batzoki y Consolation.
- ¿Conserva documentación relativa a esos asuntos?
- Puede ser.


Te harán desaparecer...
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CASO FAISÁN


El inspector de la Policía que colaboró con ETA por orden del Ministerio del Interior
El inspector de Policía, José María Ballesteros es la persona que aparece en tres momentos distintos ante la cámara de vigilancia del bar Faisán a la hora del chivatazo. No sólo porque lo haya reconocido él mismo, sino porque los análisis fisionómicos y antropométricos de las imágenes que encargó el juez Pablo Ruz han ofrecido un resultado «compatible» con los rasgos y medidas del principal imputado. Resumidamente, es mucho más probable que sea él a que no lo sea, según aseguraron ayer fuentes jurídicas y del Ministerio Fiscal.
La identificación de Ballesteros añade un elemento objetivo al análisis del cruce de llamadas que hizo el equipo investigador de la Policía y estrecha así el cerco de manera ya casi inevitable sobre ese inspector y sobre el jefe superior del País Vasco, Enrique Pamies, sea por revelación de secretos -como sostiene la Fiscalía- o porcolaboración con una organización terrorista -como pretenden las acusaciones populares de la AVT y Dignidad y Justicia y como han apuntado el juez instructor y la propia Sala Penal hace un año-.


Enrique Pamies, a la izquierda. Jefe Superior de la Policía en el País Vasco.
La tesis de los investigadores dice que Ballesteros entró en el Faisán poco después de las 11.00 horas del 4 de mayo de 2006. Allí había entregado un móvil al cobrador de ETA Joseba Elosua, desde el que Pamies le habría advertido de una inminente operación policial. Y todo por orden del entonces director general de la Policía, el también imputado Víctor García Hidalgo.
La naturaleza de los estudios antropométricos, que el juez encargó a la Policía Científica, al Departamento de Identificación de la Sección de Criminalística Física de la Guardia Civil y al Centro de Visión por Computador de la Universidad Autónoma de Barcelona, impide establecer esa identidad con una certeza del 100%, aunque sí lo hace con bastante probabilidad.
Los tres debían cotejar el vídeo del Faisán -los peritos de la Policía que depusieron ayer se quejaron de «la escasa resolución, la insuficiente nitidez y la lejanía de los fotogramas»- con otras «imágenes indubitadas» del imputado.
Para obtener estas últimas, Ruz autorizó al equipo investigador a grabar a Ballesteros en lugares públicos, algo que se produjo los días 16, 23 y 28 de febrero. En el auto dictado al efecto, el juez justificó una medida tan excepcional ante los «graves» delitos que se investigan.
Antes de que los informes fuesen remitidos a la Audiencia, el fiscal Carlos Bautista propuso una nueva declaración del inspector, que se ha revelado clave. El pasado día 10, en el despacho de Ruz, se le exhibieron los fotogramas del vídeo de vigilancia, con una calidad lo suficientemente buena como para que reconociera que era él quien aparecía frente a la entrada principal.
En su primera declaración ante Baltasar Garzón, Ballesteros dijo que sí estaba ese día en la zona, pero que no recordaba dónde había entrado a tomar un café.  Ahora ha tenido que admitir que fue en el Faisán, el bar que funcionaba como centro de la red de extorsión de la banda terrorista ETA, y a la hora en la que se produjo el soplo. Por si quisiese desdecirse, los informes avalan esa confesión.